Pozuelo Digital.- Los ciudadanos de nuestra región se preparan para otro golpe en sus bolsillos con la implementación del canon ambiental del agua, que entrará en vigor a principios del año 2025. Después de la reciente subida en la tasa del consumo de agua potable por parte del gobierno municipal, ahora es el gobierno regional quien tomará medidas que afectarán directamente a la economía de todos los ciudadanos.
Según lo anunciado por fuentes del gobierno regional, este canon supondrá un coste adicional de algo más de un euro mensual en la factura del agua para cada hogar. Sin embargo, se establece una exención para los primeros 10.000 litros de consumo mensual, lo que busca proteger a los ciudadanos de menores recursos.
El principal objetivo de este canon es incentivar el ahorro de agua, especialmente en un contexto de sequía que afecta a nuestra región. Sin embargo, surgen preguntas legítimas sobre la equidad de estas medidas. Por un lado, se otorgan bonificaciones del 100 por ciento a familias numerosas, víctimas de violencia de género, personas vulnerables y población rural. Sin embargo, queda en duda si estas exenciones afectarán a municipios como Pozuelo de Calatrava (según lo que se entienda por población rural) u otros municipios de nuestro entorno, y por qué se permite una exención para infraestructuras como piscinas municipales, que contribuyen significativamente al consumo de agua en los municipios.
Además, la implementación de este canon cambia el papel de los ayuntamientos, convirtiéndolos en meros instrumentos recaudatorios del gobierno regional. Aunque se promete que los ayuntamientos recibirán un 25 por ciento de lo recaudado, esto plantea interrogantes sobre la descentralización y el equilibrio fiscal entre niveles de gobierno.
Por otro lado, el gobierno regional ha dejado claro que el aumento en el costo del suministro de agua potable no está relacionado con esta tasa, que todavía no ha comenzado a aplicarse en nuestra región y que se hará el próximo enero de 2025, sino que es una decisión de cada alcalde o alcaldesa. Esta afirmación busca disipar cualquier confusión sobre las responsabilidades en la gestión del agua y las decisiones de tarifas que afectan a los ciudadanos.
