Lleva al ayuntamiento de Torralba a quebrantar la Regla de Gasto, incumpliendo así la conocida como `Ley Montoro´ y provocando el mayor déficit por habitante que ha tenido el pueblo desde el año 2005, “por la falta de control del gasto y del presupuesto por parte del equipo de gobierno dirigido por la alcaldesa y diputada provincial, María Antonia Álvaro”.
Pozuelo Digital.- El grupo municipal socialista de Torralba de Calatrava desvela los resultados de las Cuentas Generales del 2018, los cuales arrojan la friolera de 208.199,46 euros de déficit presupuestario, “una cifra que demuestra la caótica gestión económica del Partido Popular en el consistorio”, señala.
Los concejales socialistas informan que los datos registrados en las Cuentas Generales, demuestran que se han gastado más de 200.000 euros en un año por encima de los ingresos obtenidos, llevando al ayuntamiento de Torralba a quebrantar la Regla de Gasto, incumpliendo así la conocida como `Ley Montoro´ y provocando el mayor déficit por habitante que ha tenido el pueblo desde el año 2005, un “resultado negativo que viene de la falta de control del gasto y del presupuesto por parte del equipo de gobierno dirigido por la alcaldesa y diputada provincial, María Antonia Álvaro”,
Así lo reflejan las partidas presupuestarias de cultura y deportes de 65.000 euros en las que se ha duplicado el gasto a más de 116.000 euros, la de Festejos que ha pasado de 65.000 euros a 92.225 euros; “se ha aumentado considerablemente el gasto de las partidas de publicidad institucional y protocolo, llegando a cuadruplicar la previsión inicial de gasto en prensa, revistas y otras publicaciones con una suma total de 36.821,14 euros”, se ha incrementado el gasto en alumbrado público casi 50.000 euros y eliminado una partida de inversión destinada a éste, de 25.000 euros, para destinarla a gastos de festejos. Así mismo, se ha eliminado la partida de agricultura de 15.000 euros para destinarla a cultura, “en lugar de asumir la competencia que corresponde al ayuntamiento, de arreglar las entradas a las fincas rústicas de los caminos que han sido acondicionados con el dinero de Diputación”, explica el grupo municipal socialista.
Entrando en el apartado de ingresos, la aportación de la Junta del Plan Extraordinario de Empleo 2018 para la contratación de 27 trabajadores, durante seis meses, ha sido de 138.995 euros, habiendo recibido en total Torralba durante el 2018 por parte del Gobierno regional, 276.490,41 euros.
Además, por parte de la Diputación de Ciudad Real, Torralba ha recibido más de 377.000 euros, entre otras partidas para el Plan de cooperación complementario o el Plan de Apoyo a Municipios, “cuando por el contrario la inversión propia municipal ha supuesto unos escasos 123.79 euros por habitante al año”, se quejan los concejales socialistas.
Los mismos apuntan que el análisis de los ingresos “refleja una gestión económica de recortes en servicios, pérdida de población y disminución del comercio local, como demuestra la disminución de ingresos en el servicio de alcantarillado, en las tasas del servicio de ayuda a domicilio, en las cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación, o en las tasas de tramitación de apertura de establecimientos, entre otras.
“La gestión económica, realizada por la Señora María Antonia Álvaro y el concejal de Hacienda, el Sr. Luis Blanco, en la pasada Legislatura, ha dejado en números rojos a las arcas municipales”, y mientras –dicen los concejales socialistas- la bajada del tipo impositivo del IBI urbano, “tan sólo ha reducido los ingresos en 30.000 escasos euros, y la aportación de pago de deuda pública ha sido de 66.700 euros, procedente principalmente de la venta de terreno municipal para el velatorio, el cual casi dos años más tarde sigue sin estar abierto”, lamentan.
Además, asegura el grupo municipal socialista, que se ha producido una reducción en el remanente de tesorería de 232.172,28 euros con respecto al ejercicio 2017, situación que ha abocado a solicitar una nueva línea de crédito de 250.000 euros el pasado mes de marzo, para hacer frente a pago de gastos corrientes y proveedores; “estos últimos principalmente locales, han tenido que triplicar el tiempo de espera de los 30 días que estipula la ley, para cobrar”, indica para terminar.
