La Junta resolverá el recorte de personal y servicios sociales con la contratación de un nuevo profesional y la ampliación de la jornada a otro. Lo hará mediante un acuerdo alcanzado con el Consistorio de Carrión de Calatrava comprometiendose a reforzar la plantilla de profesionales que prestan servicios en la llamada zona PRAS que incluye a los municipios de Carrión de Calatrava, Fernán Caballero y Torralba de Calatrava.
Pozuelo Digital.- Tras las intenciones del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava de renunciar al Plan Concertado, el Gobierno de Castilla-La Mancha se encargará se resolver el recorte de personal y de servicios sociales.
Y lo hará mediante un acuerdo alcanzado con el Consistorio de Carrión de Calatrava tras la reunión mantenida esta mañana por la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga, y la alcaldesa de la localidad, Ana María López.
Un encuentro en el que el Gobierno que preside Emiliano García-Page se compromete a reforzar la plantilla de profesionales que prestan servicios en la llamada zona PRAS que incluye a los municipios de Carrión de Calatrava, Fernán Caballero y Torralba de Calatrava.
En este sentido, el Ejecutivo regional subvencionará un nuevo trabajador social al 99,9 por ciento para complemente y apoye la labor en programas de ayuda a domicilio y educación social –en ningún caso se ocupará de atención al público-, y aumentará a jornada completa la labor que desempeña el auxiliar administrativo. Es decir, tras el esfuerzo y el compromiso de la Junta de Comunidades, la zona PRAS contará con dos trabajadoras sociales, un educador social y un auxiliar.
Zúñiga ha manifestado que de este modo se mejorará sustancialmente la prestación de los servicios sociales en estas tres localidades después de que la alcaldesa de Torralba renunciara de forma unilateral al convenio de Plan Concertado y despidiera a una trabajadora social y a una educadora social.
Por último, y sobre esta cuestión, la directora provincial de Bienestar Social ha querido defender la profesionalidad de estas dos trabajadoras con más de diez años de antigüedad sobre las que “jamás hubo ninguna queja presentada ante la administración regional, más bien todo lo contrario, eran reconocidas por su excelente trabajo”.
