(fotografía: JJurado)
Pozuelo Digital.- El Palacio de los Condes de Valdeparaíso, en Almagro, ha sido el lugar elegido por el Gobierno de Castilla-La Mancha para hacer balance de los dos meses y medio de gestión que el equipo de García-Page lleva al frente de la comunidad autónoma y para elaborar la “hoja de ruta” de los próximos años. Uno de los principales compromisos adquiridos en esa guía es la modificación del Estatuto de Autonomía.
Así lo indicó ayer, en comparecencia ante los medios, el vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, que arropado por el anfitrión, el alcalde de Almagro, Daniel Reina y la delegada del Gobierno en Ciudad Real, Carmen Olmedo, explicó que el nuevo texto incluirá la modificación de la normativa electoral, una Ley de Gobierno y un mecanismo de participación de los agentes sociales y asociaciones, así como la garantía por ley de los derechos sociales.
A lo lo argo de dos días, los miembros del Gobierno quieren analizar “la foto fija” de la comunidad autónoma y a partir de esa instantánea marcar los objetivos de la Legislatura.
“Queremos elaborar una hoja de ruta para los próximos meses”, dijo Guijarro al tiempo que informó de que se trata de dar cumplimiento a las intenciones que, tanto en campaña electoral como el el discurso de investidura, hizo el presidente Page.
La “columna vertebral” sobre la que se apoyará el trabajo del Ejecutivo autonómico, y que se construirá a base de “diálogo, cercanía y transparencia”, dijo Guijarro, es el Acuerdo marco para la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha. Un documento, que, según garantizó el vicepresidente, se hará “desde la cercanía, hablando con los todos los representantes institucionales y los agentes sociales”.
Tres son los pactos que conforman este documento marco, el primero de los cuales es el Pacto por la recuperación económica que tiene como finalidad impulsar el crecimiento económico sostenible en Castilla-La Mancha, generar empleo y mejorar la capacidad productiva de esta tierra.
Martínez-Guijarro apuntó a este respecto que se trata de fomentar los sectores estratégicos de Castilla-La Mancha y buscar alternativas apostado por la investigación, el desarrollo, la innovación y por la internacionalización de las empresas, los productos y la cualificación de los trabajadores.
El segundo de los Pactos es la recuperación social y de todos los derechos “cercenados en los últimos cuatro años”, apuntó.
Se trata de un Pacto por la recuperación social que retome los índices de calidad de los servicios sociales y sanitarios que ya tenía Castilla-La Mancha, junto a la recuperación de los servicios sociales, incluídos los derechos de los empleados públicos que, según apuntó el vicepresidente, serán pactados con agentes sociales y económicos.
El tercer pilar del Acuerdo marco es el Pacto por la regeneración democrática en Castilla-La Mancha. Su objetivo es la aprobación de un nuevo estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha en el que se garanticen los derechos sociales “para que ningún gobierno tenga la tentación de eliminarlos”, dijo.
En este mismo apartado el gobierno de Page apuesta por la modificación de la normativa electoral y que esté adaptada a todas las agrupaciones políticas tengan o no representación en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Este pacto también incluye una nueva Ley de Gobierno en la que se recojan las incompatibilidades de dedicación exclusiva y un régimen de estructura y funcionamiento interno. Del mismo modo se articulará un mecanismo de participación institucional para que el gobierno tenga la obligación de escuchar a los agentes sociales y entidades sociales de la comunidad autónoma. Se trata de un mecanismo de participación institucional para que la voz de todos llegue a la Administración.
El nuevo texto estatutario incluirá que las modificaciones del mismo no se podrán hacer de manera unilateral sino con el máximo consenso posible.
El vicepresidente manifestó que la intención del Gobierno autonómico es que “en esta modificación participen los grupos parlamentarios y el resto de formaciones políticas con representación en otras instituciones, aunque no la tengan en las Cortes”.
Derechos Sociales garantizados por Ley
El nuevo estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha incorporará por Ley los derechos en materia educativa, sanitaria y también en asuntos sociales.
El objetivo del Gobierno, a este respecto, es garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, “se viva donde se viva, y se tenga la condición social que se tenga” para que ese derecho básico no sea objeto de discusión por parte de ningún gobierno, explicó Martínez Guijarro que insistió en la intención del Ejecutivo de garantizar el acceso al sistema sanitario como un derecho público y universal en esta comunidad.
“Todos estos derechos estaban incluidos en leyes que en la anterior Legislatura se modificaron para cercenar derechos garantizados por ley y no queremos que se vuelva a repetir” dijo el vicepresidente
recociendo que el Estatuto también se puede cambiar pero “para ello son necesarios mas trámites y se debe partir de un acuerdo mayoritario”, apuntó.
Fuente: lanzadigital.com
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