El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado que esta Oferta se distribuye en 1.030 plazas para personal sanitario, 274 para Administración General y 190 para personal laboral.
Pozuelo Digital.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una Oferta de Empleo Público que asciende a 1.494 plazas, el número máximo permitido por la tasa de reposición de efectivos fijada por el Gobierno central y que se divide en 1.030 plazas para personal sanitario, 274 para Administración General y 190 para personal laboral.
Así lo ha anunciado hoy en una rueda de prensa, junto al portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha señalado que esta OEP se enmarca dentro del Plan de Impulso a los Servicios Públicos que anunció el presidente regional, Emiliano García-Page.
Las plazas distribuidas entre los sectores de Sanidad, Administración General y personal laboral, que se suman a las 750 de educación convocadas por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de abril, se dividen en 964 de nuevo ingreso y 530 de promoción interna.
Por sectores, en el ámbito sanitario, del total de 1.030 plazas, 767 corresponden a personal sanitario y 263 a personal de gestión de servicios.
En Administración General, las 274 plazas totales se dividen en 72 del Grupo A1, 102 del Grupo A2, 60 del grupo C1 y, por último, 40 del Grupo C2.
Por su parte, las 190 plazas para personal laboral, corresponden a 124 del Grupo III y 66 del Grupo IV.
Ruiz Molina ha destacado que esta Oferta de Empleo Público contiene “el máximo número de plazas que podía aprobar el Consejo de Gobierno”, ya que no se pueden ofertar más plazas que las permitidas por la tasa de reposición establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que para el ejercicio de 2016 es del cien por cien. Por tanto, ha resaltado, “hemos agotado todas las posibilidades que tenía esta administración para aprobar la Oferta Pública de Empleo”.
Una Oferta de Empleo Público que, según ha indicado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, satisface cuatro objetivos. En primer lugar, cumple con los compromisos que el Ejecutivo autonómico había adquirido con los ciudadanos y, en este caso, con los empleados públicos.
En segundo lugar, que ha sido calificado como Ruiz Molina como el “objetivo fundamental”, se mejora la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, permitiendo, por tanto, la reconstrucción del Estado de bienestar.
El tercer objetivo es la creación de empleo, en una región con una alta tasa de desempleo, y, el cuarto, incentivar la promoción profesional de los empleados públicos que ya trabajan en la Junta de Comunidades.
Frente a una muy escasa oferta de empleo público en la anterior legislatura, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en valor que el Gobierno de Emiliano García-Page, en menos de un año, ya ha aprobado un total de 2.244 plazas, 1.494 de la oferta hoy anunciada y 750 de educación, aprobadas por el Consejo de Gobierno en el mes de abril.
Por tanto, esta Oferta de Empleo Público es “una buena noticia para todos aquellos que quieren obtener un puesto de trabajo en la Administración regional y para los empleados públicos que ya trabajan en ella, que van a tener posibilidad de promocionar”, ha subrayado Ruiz Molina.
A la totalidad de 2.244 plazas aprobadas en las ofertas de empleo público, hay que sumar los nuevos empleos que se están creando, fundamentalmente, en el ámbito de la sanidad y en el de la educación, como consecuencia, en el ámbito sanitario, de la jornada de 35 horas semanales y de la conversión en plazas de estructura de lo que hasta ahora eran contratos en precario y de la reducción de ratios, en el educativo.
“Estamos creando mucho empleo público y, además, lo estamos haciendo en los servicios públicos fundamentales”, ha resaltado Ruiz Molina.
Esfuerzo ingente en la recuperación de los derechos de los empleados públicos
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha manifestado sentirse “muy satisfecho” de las decisiones que está adoptando el Gobierno de García-Page en materia de función pública, ya que está desarrollando “un esfuerzo ingente en la recuperación de los derechos de los empleados públicos, que, en definitiva, es en la recuperación de la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos”.
Así, ha destacado Ruiz Molina, se ha recuperado “de forma intensa el diálogo social”, manteniendo la Dirección General de Función Pública desde el inicio de la legislatura más de 40 reuniones con los sindicatos.
También, desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional, se han reincorporado 189 interinos despedidos de forma ilegal, se ha implantado la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, que posteriormente fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones, y se ha abonado un 50 por ciento de la paga extraordinaria suprimida en 2012.
Asimismo, ha enfatizado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha establecido un calendario claro para la recuperación de la ‘tasa Cospedal’, se han recuperado los días de libre disposición y de antigüedad y el permiso por Incapacidad Laboral Temporal y se han convocado dos concursos de traslados de funcionarios de la Administración General para conciliar la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos.
También, en los primeros once meses de Gobierno se ha paralizado el plan de recursos humanos del anterior Gobierno por el que se pretendía reducir a la mitad el parque móvil, se ha iniciado la negociación del nuevo convenio colectivo con los sindicatos y se ha aprobado la prolongación del servicio activo para el personal que cumple 65 años.
Para Ruiz Molina, la importante labor en materia de función pública y de recuperación de los derechos de los empleados públicos es imprescindible en la medida en que el Gobierno de García-Page valora la importante labor que desarrollan los trabajadores de la Junta.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha finalizado señalando que lo más importante es haber compatibilizado la recuperación de los derechos de los empleados públicos con la recuperación de los derechos de los ciudadanos y, además, haberlo hecho prácticamente con los mismos recursos de los que se disponía en el año 2015, lo que pone de manifiesto que “con los mismos recursos se pueden hacer cosas muy diferentes, en función de los objetivos que se marque cada Gobierno”.
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