Caballero afirma que esta iniciativa sigue siendo necesaria para atender las necesidades básicas de muchas familias de la provincia
Pozuelo Digital.- Tres millones de euros destinará la Diputación Provincial de Ciudad Real el próximo año, dentro del plan de emergencia social, para atender de manera prioritaria y urgente las situaciones de extrema gravedad que están atravesando muchas familias por la falta de recursos económicos para la compra de alimentos básicos.
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha dado a conocer esta mañana en rueda de prensa el Plan de Ayudas de Emergencia Social para 2016, para el que se ha consignado la cantidad de 3 millones de euros, que serán gestionados a través de los Servicios Sociales y que se tramitará en colaboración con los trabajadores municipales de los ayuntamientos de la provincia para atender situaciones de extrema gravedad.
“Se trata de una iniciativa tan importante y sin duda lamentablemente tan necesaria hoy en nuestra sociedad y para muchos de nuestros vecinos”, ha dicho el presidente de la Diputación, que ha indicado que éste será el cuarto ejercicio que se va a aplicar y con el que se pretende dar respuesta inmediata a siutaciones de emergencia, característica que le da valor en cuanto a la rapidez en su gestión, “en su resolución, y en atender el problema en el momento en el que se está produciendo”.
Con respecto al Plan de Emergencia Social 2016, José Manuel Caballero, que ha estado acompañado de la vicepresidenta del Área de Atención a las Personas y Cooperación Municipal, Jacinta Monroy, ha dicho que es un plan complementario al que desarrolla la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “puesto que es el gobierno regional quien tiene la repsonsablidad directa de toda la gestión de ayudas de emergencia, y no me cabe duda de que lo va a hacer, porque así me lo ha asegurado la consejera de Bienestar Social”.
Caballero ha indicado que una de las mayores dificultades con las que se suelen enfrentar las administraciones está relacionada con poder llevar a cabo una gestión eficaz y con rápidez en sus actuaciones. “Este plan viene a soluciar este problema porque actua en el momento que la persona, que la familia tiene el problema, lo que tiene un valor añadido”. Y ha expresado que las ayudas de esta iniciativa tienen que ver con la alimentaicon básica y con la higiene, permitiendo adquirir alimentos de carácter básico y también productos necesarios para la limpieza y el aseo perosnal, “imprescindible para una vida con un mínimo de dignidad”.
También se atenderán situaciones excepcionales y urgentes como son el vestido y calzado, ropa del hogar, farmacia, gas y electricidad, alojamiento temporal para mujeres victimas de violencia de género en lo que concierne a gastos de desplazamiento a juicios, a peritajes, puntos de encuentro, etc.
En cuanto a los beneficiarios, Caballero ha puntualizado que serán aquellas personas que más lo necesitan, mayores de edad y residentes en la provincia de Ciudad Real, que carezcan de medios económicos y que se encuentren en situación de emergencia y de vulnerabilidad social y en riesgo de caer en la exclusión social.
Se establecen unos criterios de valoración vinculados a su nivel de renta, teniendo como referencia el IPREM, fijado en 532,51 euros. Los ingresos económicos para unidades familiares de 1 miembro no deberá exceder de 450 euros; de dos miembros, 621,26 euros, de tres miembros, 714,45 euros hasta los 931,87 euros para familias de ocho o más miembros. El techo económico podrá ser ampliado hasta un máximo de 300 euros cuando existan gastos derivados de alquilar o amortización de vivienda, siempre que ésta sea la habitual.
Caballero ha indicado que se pagará para compra de alimentos e higiene, estableciéndose en 90 euros para unidades familiares de un miembro; 120 euros para dos miembros; entre tres y cuatro meimbros, 150 euros al mes; para familias entre 4 y 5 miembros, 180 euros; entre 7 y 8 miembros, 210 euros; y más de ocho miembors, 240 euros al mes. Es decir, 30 euros al mes por miembro de la unidad familiar, y si uno es un niño menor de 3 años, además de computar como miembro de la familia obtendrá también una ayuda adicional de otros 30 euros hasta un máximo de 60 euros al mes. Se facilitarán cheques por 30 euros y las ayudas tendrán un máximo de dos meses por trimestre y no se pagarán más de seis meses a lo largo del año.
Serán los profesionales de los servicios sociales municipales, los que determinen a qué familias van esos alimentos, la cuantía, la duración y una vez hecho este informe, y telemáticamente, se trasladarán a la Diputación los datos de los beneficiarios. El órgano gestor será el personal de los servicios sociales de la Diputación Provincial, que visará los informes remitidos y los resolverá confeccionando elpago de la ayuda, que nunca se realizará en metálico a los beneficiarios sino en especie. Además se determinarán las obligaciones que como contraprestación tendrán que realizar los perceptores de estas ayudas, mediante itinerarios de inserción laboral, participación en programass de intervención familiar, escolarización obligatoria de menores, seguimiento de búsqueda activa de empleo de los miembros adultos en edad laboral, etc.
En cuanto a los proveedores, Caballero significó que son las empresas, tiendas y superficies de alimentación adheridos al plan, que figuran en un listado confeccionado por la propia Diputación. De esta manera, el beneficiario va a la tienda, entrega su cheque y los proveedores remitirán la factura junto con el cheque a la Diputación para su abono, que será verificado previamente a la gestión del pago.
El presidente ha informado que a 11 de diciembre se han consumido más de 2,5 millones de euros del plan de emergencia de 2015, habiéndose tramitado y aprobado 16.253 solicitudes de alimentación y 994 en ayudas excepcionales. El número total de familias que han solicitado y percibido ayudas son 7.456, que a una media de cuatro miembros por familia arrojan un total de 30.184 personas.
Antes de finalizar, Caballero ha recalcado que el plan de emergencia social no hay que entenderlo como un plan de caridad, sino que se trata de un compromiso con la solidaridad y de justicia social. “Este es el dinero mejor gastado de la Diputación, dar de comer al que tiene hambre, dar vestido al que lo necesita, atender y dar calor al que tiene frío, sin duda, es una obligación moral de la sociedad, pero también una obligación política de esta insitutición. Valoro lo que hicieron mis antecesores, es una buena iniciativa y lo que hago es sumarme ampliando el presupeusto destinado”.
